REFORMA SUSTANCIAL DEL ESTADO MEXICANO

REFORMA SUSTANCIAL DEL ESTADO MEXICANO

Esto implica actualmente, que un país sin ciudadanas y ciudadanos libres, sin equidad efectiva entre hombres y mujeres, a salvo de la denigración y la manipulación inherentes a la desigualdad y la exclusión, la democracia carece de viabilidad.

Bajo las condiciones actuales, la competencia democrática y los procesos electorales - abrieron paso al despliegue de la pluralidad y la alternancia- son cada vez más una nueva forma de simulación, donde el uso de la pobreza y el abuso de la mercadotecnia, hacen de la democracia un cascarón vacío, una edificación frágil, cuyos beneficiarios son quienes tienen el poder del dinero, público o privado, lícito o ilícito, para construir y comercializar imágenes sin sustancia, sin propuestas y sin compromisos sujetos al escrutinio ciudadano y la rendición de cuentas. En las condiciones actuales, hay que subrayarlo, tiran por la borda los frutos aún verdes de nuestra democracia.

Por eso la Reforma Sustancial del Estado coloca ante una disyuntiva radical: o asumimos en serio la responsabilidad y aprovechamos la oportunidad para cambiar las cosas; o seremos parte de la simulación reiterada, depredadora de la ciudadanía y la democracia.

Lo primero implica asumir el reto de la consolidación de una democracia con ciudadanía, basada en la libertad y la dignidad de las personas, así como en el ejercicio y la protección real y universal de los derechos individuales y sociales, como fundamentos indispensables para reivindicar el sentido constructivo de la política en la pluralidad y la autonomía de las instituciones democráticas.

Desde mi perspectiva, deben constituir los ejes de la reforma del Estado:

• La legalidad democrática: entendida como la universalización efectiva de los derechos y las libertades de las personas, con especial énfasis en la equidad de género y el respeto a la diversidad, se establezcan las condiciones para la formación de una ciudadanía con la capacidad de ejercer y hacer valer sus derechos y libertades, sin distinción alguna. En el mismo sentido, se debe garantizar un sistema de justicia accesible e incluyente, así como un sistema eficaz para la promoción y la defensa de los intereses sociales, con el fin de que la economía de mercado no se traduzca en una sociedad de mercado.

La pluralidad política: como un sistema de reglas, procesos e instituciones que garanticen la expresión y la representación de las diversas corrientes ideológicas y de las demandas y causas de la sociedad; que aseguren la competencia, la formación y la autonomía democrática de los órganos públicos de representación, en el marco del laicismo, la equidad de género y la diversidad; y que generen las condiciones necesarias para el gobierno de la pluralidad, mediante normas y mecanismos que establezcan incentivos para el diálogo y los acuerdos, así como para una nueva relación entre los gobiernos y la sociedad, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos ciudadanos.

La igualdad social: como la universalización y la garantía efectiva de los derechos sociales, con el fin de que todas las personas, sin excepción, tengan un piso mínimo de bienestar y oportunidades reales de desarrollo, con normas y políticas públicas transversales que promuevan y aseguren la equidad de género.

Esto supone una responsabilidad social del Estado para asegurar servicios públicos de salud y educación de calidad; la generación de empleos dignos y bien remunerados, con estabilidad y certidumbre; y la preservación del medio ambiente. Son derechos sociales imprescindibles que, lejos de cualquier concepción asistencial, el Estado debe garantizar.